Reproduzco o artigo publicado hoxe 27-07-07 no diario El País e asinado por Juan G. Bedoya sobre a asignatura de Educación para a Cidadanía:Semilleros para la recristianización
Los obispos piensan que el único semillero del catolicismo es la escuela, toda la escuela española. Es el terreno en el que la Iglesia romana mantuvo durante más tiempo un control absoluto, que el Estado español cedió de buen grado durante siglos (en el XX, a lo largo de los 40 años de la dictadura del general Franco). Aún sueñan con empezar desde las aulas la "recristianización" de España, "viña devastada" por laicistas radicales según dicen con convencimiento.
En las pocas épocas pasadas de liberalismo y libertad, el principal motivo de conflicto entre el gobierno de turno y los eclesiásticos fue la educación. Se repitió ante los Gobiernos del centrista Adolfo Suárez, obligado a cambiar los ministros del ramo con inusitada frecuencia. También ocurrió durante los Ejecutivos del socialista Felipe González. Su reforma educativa, mediante la LODE, sacó a los obispos a la calle, en manifestación contra las rígidas condiciones impuestas a los generosos conciertos educativos, y contra el amparo a la libertad de cátedra.
En esas ocasiones, el episcopado y sus poderosas organizaciones de padres católicos jamás apelaron al incumplimiento de la ley. Ahora lo hacen sin tapujos, en defensa de un indeterminado derecho a la objeción de conciencia.
El ministro de Justicia, que coordina las relaciones Estado-Iglesia romana mediante una llamada Dirección General de Asuntos Religiosos, confía en que fracasen las pretensiones de los prelados. Su advertencia de ayer fue tajante, aunque no la primera que hace el Gobierno. No cabe tal objeción de conciencia, de manera que quienes no ofrezcan clases con la asignatura de Ciudadanía en sus colegios, y el chico que no la curse, deben "atenerse a las consecuencias".
El Ejecutivo no espera, con razón, aluviones de objetores, poniendo por testigo la actitud de Federación de Religiosos de la Enseñanza, muy mayoritaria en el sector. La FERE no piensa secundar los deseos episcopales, sino negociar con la Administración libros, textos o lecturas que liberen a los centros de enseñar nada contra sus idearios.
¿Cómo piensan articular, entonces, los obispos, la tan cacareada objeción de conciencia? No lo han dicho, probablemente porque no tienen idea. Sólo insisten en su derecho a hacerlo, con el argumento de que la polémica asignatura atenta contra fundamentales "derechos humanos".
Es lógico que el Gobierno socialista se reserve la respuesta legal que piensa dar a esta rebeldía episcopal, si se produce. Pero la legislación es clara, y pesa como losa sobre los colegios concertados. Cuando firman recibir dinero del Estado para su funcionamiento, asumen el compromiso de cumplir condiciones tasadas con claridad. Si incumplen, pierden el concierto.
En las pocas épocas pasadas de liberalismo y libertad, el principal motivo de conflicto entre el gobierno de turno y los eclesiásticos fue la educación. Se repitió ante los Gobiernos del centrista Adolfo Suárez, obligado a cambiar los ministros del ramo con inusitada frecuencia. También ocurrió durante los Ejecutivos del socialista Felipe González. Su reforma educativa, mediante la LODE, sacó a los obispos a la calle, en manifestación contra las rígidas condiciones impuestas a los generosos conciertos educativos, y contra el amparo a la libertad de cátedra.
En esas ocasiones, el episcopado y sus poderosas organizaciones de padres católicos jamás apelaron al incumplimiento de la ley. Ahora lo hacen sin tapujos, en defensa de un indeterminado derecho a la objeción de conciencia.
El ministro de Justicia, que coordina las relaciones Estado-Iglesia romana mediante una llamada Dirección General de Asuntos Religiosos, confía en que fracasen las pretensiones de los prelados. Su advertencia de ayer fue tajante, aunque no la primera que hace el Gobierno. No cabe tal objeción de conciencia, de manera que quienes no ofrezcan clases con la asignatura de Ciudadanía en sus colegios, y el chico que no la curse, deben "atenerse a las consecuencias".
El Ejecutivo no espera, con razón, aluviones de objetores, poniendo por testigo la actitud de Federación de Religiosos de la Enseñanza, muy mayoritaria en el sector. La FERE no piensa secundar los deseos episcopales, sino negociar con la Administración libros, textos o lecturas que liberen a los centros de enseñar nada contra sus idearios.
¿Cómo piensan articular, entonces, los obispos, la tan cacareada objeción de conciencia? No lo han dicho, probablemente porque no tienen idea. Sólo insisten en su derecho a hacerlo, con el argumento de que la polémica asignatura atenta contra fundamentales "derechos humanos".
Es lógico que el Gobierno socialista se reserve la respuesta legal que piensa dar a esta rebeldía episcopal, si se produce. Pero la legislación es clara, y pesa como losa sobre los colegios concertados. Cuando firman recibir dinero del Estado para su funcionamiento, asumen el compromiso de cumplir condiciones tasadas con claridad. Si incumplen, pierden el concierto.
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2 comentarios:
E neste país aínda seguimos a crer na Igrexa, que o único que pretende é perpetuar o seu poder polos séculos dos séculos.Amén
Esto es una intromisión de un país extranjero (el Vaticano) en nuestras leyes.
Son unos autenticos impresentables.
Un saludo
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